Asegurar la seguridad pública es un deber constitucional

Fecha Publicación: 6/9/2015

Es cierto que perder una batalla no significa que se haya perdido la guerra, la frase es ya una suerte de lugar común para buscar consuelo ante derrotas tremendas. Cuando la frase se emite sin el más mínimo convencimiento que sea verdad, en el fondo se piensa que perdida esa batalla, ya se perdió, que habrá próximas batallas, pero con resultados similares.

La batalla contra la delincuencia, lleva demasiadas ediciones, ha traspasado a los últimos Gobiernos y no tiene visos de cambiar de trayectoria, el progreso de las fuerzas de los delincuentes parece ocupar cada vez más grandes pedazos de territorio, por lo pronto han llevado al Gobierno, se supone con todas las fuerzas que desee tener, en posición defensiva y derrotista.

Las encuestas, tendenciosas o no, acusadas de sesgo, no varían en mostrar los altos índices de desaprobación del actuar de las autoridades frente a una delincuencia que ha alcanzado inéditos niveles de retadora insolencia, aunque se opte por restar credibilidad a las encuestas, los hechos son tan evidentes que el ministro del Interior, Jorge Burgos, ha declarado un fracaso, una derrota en un asunto de Estado, como es la seguridad pública.

Por mucho que a continuación se haya tratado de diluir las responsabilidades agregando a otros responsables del pasado y del presente, en un gesto envolvente que incluye las policías, a los fiscales, a los jueces, permanece el hecho escueto de que la delincuencia actúa con sorprendente soltura y creatividad, robando a la propia escolta presidencial, una situación risible, sino fuera trágica.

En la última encuesta Adimark se describe el manejo de la delincuencia como el área peor evaluada del Gobierno, con un 92% de desaprobación, su nivel más alto, irónicamente se trata de definir quiénes serían los responsables del 6% de aprobación. La confesión del ministro Burgos "al Estado de Chile le ha ido mal en la lucha contra la delincuencia", va acompañada de ciertos diagnósticos, los descritos como nudos del sistema; insuficiente coordinación policial, insuficiente modernización, insatisfactorio rendimiento de los sistemas computacionales existentes, considerando sus capacidades.

La crítica a la situación tiene explicaciones diversas para los actores políticos, para algunos el Gobierno no logra sintonizar en el sentido de urgencia que la ciudadanía demanda en materia de delincuencia, se percibe falencias en la persecución policial, fallas en el análisis situacional para anticipar delitos, mientras otros reclaman más liderazgo y coraje, ya que frente a la delincuencia, no se puede tener un discurso tibio o dudoso. 

La reforma procesal penal, con todas sus bondades potenciales y sus innegable buena inspiración- que llevaron a calificarla como una de las mayores transformaciones del sistema de administración de justicia de nuestra historia, por defectos e imperfecciones se ha transformado en una red llena de forados por donde los delincuentes escapan sin daño, dejando a la ciudadanía inerme e inhibidas las fuerzas del orden.

Por otra parte, parece haber -puede ser que por situaciones que persisten, asociadas a circunstancias similares en un pasado traumático- renuencia a usar la fuerza de la ley, a utilizar los recursos legales que el Gobierno tiene para hacerse cargo de la seguridad pública, no debería haber a este respecto confusiones en las prioridades, el Estado tiene la obligación constitucional de asegurarla.


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