El deber del Gobierno en la protección de los ciudadanos

Fecha Publicación: 12/6/2016

En varias ciudades del país hubo actos de protesta, marchas de conformación heterogénea, estudiantes de diversos ámbitos y grupos de heterogénea catadura por identificar. Jóvenes que marchaban como quien va a una fiesta, sin apercibirse de la presencia de otros dispuestos a utilizar esta posibilidad para afianzar nacientes carreras políticas u otros posicionamientos de parecida naturaleza, más los de siempre, los vándalos, los delincuentes, o sencillamente lumpen, abrigados en la masa, con una demanda que pudo haber sido legítima, hasta hacerse inaceptable por los medios empleados para hacerla presente.

Como contraparte, todo el poder del Estado inoperante, dejando en la ciudadanía la incerteza en relación quien o quienes son responsables de esa visible pasividad, superados siempre, a pesar de la evidente capacidad y competencias para cumplir con la responsabilidad de proteger tanto a las gentes como a los bienes públicos y privados.

La natural indignación, bastante transversal de la ciudadanía a todo lo largo del país, es perfectamente explicable, los chilenos tiene un respeto básico a sus símbolos, a sus tradiciones. La gran mayoría busca estabilidad y respeto, a sí mismos y a sus ideas. Si eso deja de ocurrir, las bases de su seguridad son vulneradas significativamente, se tiende a perder la fe en las instituciones.

Es perfectamente pertinente, cuando los asuntos no parecen marchar en la dirección debida, o cuando se aprecian incumplimientos graves, revisar los contratos, en este caso el contrato implícito entre el Estado, representado por su gobierno, con la ciudadanía. Específicamente, el contrato en cuestión se conoce como Constitución Política de la República de Chile.

La carta fundamental es muy clara al momento de referirse a las situaciones que han tocado sensiblemente a todos los chilenos, más aun cuando estos hechos parecen ser el prolegómeno de un proceso descrito por sus instigadores como en desarrollo incremental, con un claro sesgo amenazante de ultimátum. 

Cuando los testigos de hechos barbáricos esperan una reacción efectiva de los organismos del Estado responsables de mantener la tranquilidad y asegurar la paz pública y éstos no reaccionan o lo hacen de modo tardío e insatisfactorio, es señal que la Carta Magna ha sido desatendida, como reza su artículo primero, en Bases de la institucionalidad; "el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común (…), con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".

Por otra parte, y como la misma Constitución lo expresa: "es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia (…) y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional".

Si eso no se cumple, la ciudadanía podría sentir que no está protegida, que tiene que hacerse cargo de su propia protección, que se ha roto una indispensable base de confianza, invita a la sociedad a regresar a tiempos idos de la ley del más fuerte, a transformar su hogar en fortaleza. No basta que desde el Gobierno se emitan los repetidos mensajes de preocupación y de la voluntad de castigar a los que resulten responsables, porque se ha aprendido que no los hay y si los hubiera no serviría de mucho. Hace falta recuperar la fe en la justicia y en la voluntad del Gobierno para hacer respetar la Constitución y las leyes, en pleno estado de derecho. 


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