Compromiso del Estado frente a la ciudadanía

Fecha Publicación: 10/6/2016

Es indispensable, frente a actos que parecen delatar olvido o desprecio, que existen convenciones insoslayables, que los ciudadanos, todos, sin excepción alguna, en clara e inequívoca relación con la Constitución y las leyes, tienen iguales derechos, que existe una obligación de ellos para con el Estado y del mismo modo del Estado hacia sus ciudadanos, un contrato social.

En su definición, ese contrato social es un acuerdo real o realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo, el que se adquiere en un Estado con relación a sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos., en teoría, que se supone debe demostrarse realmente en la práctica porque de otro modo no valdría la pena sustentarlo, para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan que se les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza, sacrificar hasta cierto punto la libertad, para hacer lo que les plazca o lo que más les convenga. 

En términos aún más claros, los ciudadanos abandonan su derecho a cuidar de sí mismos a como dé lugar, aceptan que se les quite las armas de las manos, para que sea el Estado el que las utilice para protegerles, para garantizar su integridad física y la de sus familias y la protección de sus propiedades y bienes.

Es evidente que el Estado está siendo superado por la delincuencia a pesar de ingentes recursos invertidos, provenientes de todos los chilenos, con el resultado del aumento de la percepción de inseguridad, de vulnerabilidad e inseguridad, acompañada de una frustrante sensación de falta de efectividad de la justicia para aplicar a los delincuentes las medidas que se supone la ley contempla, con la sensación también que son éstos y no los ciudadanos los que tienen mayores derechos.

Aun menos comprensible es que el Estado resulte ser inoperante para garantizar la propiedad pública y privada ante actos de protestas callejeras, si bien es cierto esta es una forma legítima de expresar disconformidad en un país democrático, tiene en sí misma por ser una libertad, el límite establecido por la libertad de los demás. No hay derecho a destruir, a obstruir impunemente la libre circulación, a agredir a personas, a ocultarse detrás de máscaras para cometer toda suerte de tropelías ante la mirada aparentemente impávida de la fuerza pública, justamente la que se supone está allí para impedir que esos hechos ocurran.

Sería hasta cierto punto explicable al falta de capacidad de los carabineros para actuar si visiblemente parecieran superados por fuerzas claramente superiores. Pero no es ese el caso, bandas de desalmados en grupos dispersos actúan sin restricción alguna, con las consecuencias esperables, para impotencia de quienes han sido desprotegidos.

La Universidad de Concepción ha sido agredida una vez más, no en la destrucción de ventanales u objetos de parecida naturaleza, sino agredida en sus símbolos, a una de sus marcas de identidad, las correspondientes a una casa de altos estudios, un gratuito insulto a una institución encargada de formar los mejores hombres y mujeres para el crecimiento de la Patria.

Los universitarios, los ciudadanos todos, especialmente los penquistas, merecemos una respuesta, la demostración que el Estado es capaz de cumplir con su parte en este implícito pacto social.


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