Responsabilidades detrás de una capucha

Fecha Publicación: 27/5/2016

Se ha transformado en un paradigma de difícil soporte, confundir el rigor de la ley con atropello a los derechos humanos, el control de la identidad como un atentado a la libertad personal, el uso de la fuerza por los medios de la democracia, como terrorismo de Estado. Mientras tanto hay piras en las calles, se destruyen los bienes urbanos y se hiere o mata, dejando a las fuerzas del orden como espectadores o agentes actuantes con limitaciones severas, tal vez inhibidos por las eventuales consecuencias de actuar con el necesario rigor. 

Difícilmente, han pasado inadvertidos los graves incidentes que se registraron en Valparaíso el 21 de mayo, una nueva y repetida versión de desórdenes semejantes, con los mismos actos delincuenciales, destrucción, saqueo y pérdidas de patrimonio urbano, esta vez con la desgraciada consecuencia de la pérdida de una vida humana.

El vecindario de la plaza Perú es sometido casi rutinariamente a una ordalía de destrozos y desórdenes, con no poco asombro se ve a fuerzas ostensiblemente capaces, paralizadas por razones difíciles de comprender, mientras un grupo reducido de bravucones enmascarados proceden a proferir insultos y a levantar barreras para bloquear la circulación, acompañados de una lluvia de piedras.

Ante ese espectáculo, la ciudadanía se retira, pierde su derecho a circular en libertad y se ve impedida de trabajar, una mayoría de personas ven alterada su normalidad sin tener arte ni parte, sin apreciar garantías de protección, ante un grupo con anonimato protegido, que han optado por la violencia en vez de los cauces de la democracia.

Es muy posible que por fin se esté llegando a punto de saturación, del olvido de los complejos de adoptar medidas que puedan ser confundidas con aquellas usadas abusivamente por la dictadura, ante la necesidad de tomar el control de la situación, aceptar de una buena vez por todas que la democracia no prohibe defender a los ciudadanos con toda la fuera de la ley, con los métodos que en todos los países civilizados se utilizan cuando personas o grupos se salen peligrosamente de cauce, para proteger el bien común.

La Primera Mandataria, como casi todos los ciudadanos, ha concluido que no se trata de personas haciendo uso de sus derechos ciudadanos, sino derechamente de delincuentes, actuando en el anonimato de la masa, ocultando el rostro, preparados logísticamente para desmanes programados.

No puede ser más necesaria, aunque dudosamente temprana, la iniciativa transversal de algunos diputados que anuncian un proyecto de ley que busca aumentar las penas a quienes tengan el rostro cubierto en una manifestación que altere el orden público, en el cual se les daría a Carabineros de Chile la atribución de detener a las personas que estén con su cara tapada y ser llevados ante la justicia.

El escenario empieza nuevamente a desplegarse, el general Director de Carabineros, llevado presumiblemente por la frustración ante lo ingrato de su tarea y el ambiguo apoyo de sus superiores directos, hace una declaración dolida, que muy posiblemente tenga consecuencias para su carrera, pero que, sin embargo, está en mucha mayor sintonía con el sentimiento de la ciudadanía, hastiada de ver destruidos los bienes urbanos y alterada, sin consecuencia para los hechores, su tranquilidad. Una fuente de inseguridad que difícilmente puede extinguirse con el simple expediente de las declaraciones oficiales.


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