Buenas prácticas de las autoridades regionales

Fecha Publicación: 3/9/2015

Habrá que entender que se llegó a un punto de saturación, entre las turbiedades y las opacidades, para que fuera urgente revisar todas las leyes y reglamentos que de alguna manera se orientaban a revertir una situación impresentable y clamar por probidad y transparencia. Por si el olvido; sobres con suplementos monetarios a los sueldos, regalías varias, viajes con interesantes y opíparas dietas, simple o dobles, transacciones descubiertas por el azar o a propósito de una investigación periodística, o derechamente debida a una denuncia que se hace más bien desde el agravio o el resentimiento, que de la justicia.

Se dispone de abundante, aunque no conclusiva información de cómo estas nuevas legislaciones impactan el mundo de la política y la alta administración pública. En el ámbito regional de las reacciones de los involucrados, algunos sorprendidos por las normas que resultan extraordinarias en una cultura asumida de clientismo, compadrazgo y llegadas privilegiadas, como una manera lícita de actuar, sin pensar que todas esas maniobras, perdida la ingenuidad, son manifestaciones claras y reprobables de corrupción, o por lo menos, si se realizan en un marco de buena voluntad auténticamente inocente, de malas prácticas.

Las autoridades regionales ya lo han descubierto y han manifestado desde la partida su intención y voluntad de actuar bajo las más estrictas normas, sobre todo teniendo conciencia que su movimientos serán seguidos muy de cerca por la autoridad central, mucho de aquello, no tanto por verificar incorrecciones, sino para argumentar sobre la dudosa gobernabilidad regional, frente a la auto descrita como excelente administración central.

La ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en una de sus modificaciones, establece; Intercálanse, en el inciso segundo del artículo 1º entre las frases ‘’Fuerzas de Orden y Seguridad Pública’’ y ‘’las Municipalidades’’, la expresión ‘’los Gobiernos Regionales’’.

Hay a este respecto una tarea que debe efectuarse con mucha seriedad, es altamente probable que en el ambiente de los gobiernos regionales se logre rápidos acuerdos en cuanto a normas de buen proceder y que al mismo tiempo exista una auténtica apertura a familiarizarse con los requerimientos de trasparencia, como el respeto a la ley del lobby, que obliga a declarar contactos que pudieran influir en toma de decisiones futuras

Para los usos corrientes, resulta sorprendente y para otros molesto, el principio de transparencia de la función pública, que permite a cualquier ciudadano solicitar información sobre actos, resoluciones y documentos de la Administración y obliga a los funcionarios informar de cada contacto o entrevista que tenga el potencial de influir sobre sus actuaciones, de revelar su patrimonio y establecer sus inhabilidades e incompatibilidades.

Es una nueva forma de cultura política, es posible que tenga que imponerse con la fuerza de la ley y ser debidamente supervisada, para poner un resguardo a la naturaleza humana, con más rigor cuando se ha entronizado por décadas una forma de actuar inaceptable, que ha terminado por socavar la base de la confianza ciudadana en el accionar de las instituciones públicas y en sus actores y representantes.

El código de ética de nuestras autoridades regionales debe ser conocido y socializado, dar muestras públicas de buen gobierno es una de las maneras de reconstruir los puentes quebrados. La Región podría dar un bienvenido ejemplo. 


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