La carreta por delante de los bueyes

Fecha Publicación: 15/5/2016

No debe olvidarse que la base de la descentralización es el empoderamiento y la mayor autonomía de las regiones para buscar el crecimiento y desarrollo que corresponda a sus particulares características.

 

Nuevamente se han apresurado los legisladores al felicitarse por lo que describieron como "un primer paso" para la descentralización, el respaldo, por 37 votos a favor al proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, sobre elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional.

En realidad no hay paso alguno que valga la pena celebrar, sobre el particular se viene hablando por años, y estar de acuerdo no hace otra cosa que abrir la puerta a la predecible cadena de resguardos que pueden convertir la propuesta, sino en letra muerta, por lo menos en letra diminuta. A confesión de parte, relevo de pruebas; los mismos legisladores, a pesar del contundente apoyo, manifestaron sus dudas con respecto a un verdadero traspaso de competencias y los recursos necesarios para ello.

No es ese un detalle superficial, traspasar competencias y recursos, es traspasar poder, un ejercicio de muy difícil ejecución, tan complejo que históricamente ha dado lugar a las más brillantes maniobras gatopardistas. Por si hiciera falta una nueva complejidad se ha señalado, en la misma instancia, que hay diferencias para la elección de esta nueva autoridad regional y la dificultades para evitar que existan dos autoridades, como está en el proyecto, en permanente lucha por las competencias y atribuciones, lucha que puede obstaculizar los resultados, entre galgos y podencos.

El texto de la iniciativa, que tiene ya bien poco de inicial, considera sustituir al Intendente por un Gobernador Regional como el órgano ejecutivo del gobierno regional, autoridad que será elegida por sufragio universal, en votación directa, por simple mayoría, durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser reelegido por una sola vez. En esto no hay realmente problemas, se pudo hacer en la elección de consejeros regionales, la cuestión es que es lo que pueden hacer una vez elegidos.

En este caso se dispone que sea la Ley Orgánica Constitucional la que determine la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a los gobiernos regionales, una o más competencias, se deberá privilegiar la radicación de las mismas en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; buscando un desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país.

El quid del asunto es que en cada provincia existirá una delegación provincial, como un órgano territorialmente desconcentrado del Presidente de la República y de su exclusiva confianza, este delegado provincial ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato; le corresponderá ejercer las funciones de supervigilancia y coordinación de los servicios públicos existentes en la provincia que no dependan del Gobierno Regional.

Terreno abonado para desencuentros y pruebas de fuerza, de eventual conflicto entre vectores diferentes, el que quisiera conducir la región en paralelo con la línea política gobernante, y aquel que quisiera responder a las demandas regionales, un escenario que no siempre podría resultar sinérgico.

No debe olvidarse que la base de la descentralización es el empoderamiento y la mayor autonomía de las regiones para buscar el crecimiento y desarrollo que corresponda a sus particulares características.


 


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