Factores a considerar en el camino a una nueva educación pública

Fecha Publicación: 5/5/2016

El espíritu de esta reforma es introducir un punto de inflexión histórico, ya que cambia absolutamente el modo como se había venido administrando la educación de los colegios públicos, traspasándola desde los municipios al Estado.

 

En una sesión maratónica, la Comisión de Educación de la Cámara, tras seis meses de tramitación, despachó el proyecto de Nueva Educación Pública (NEP), uno de los ejes de la Reforma Educacional del Gobierno. El espíritu de esta reforma es introducir un punto de inflexión histórico, ya que cambia absolutamente el modo como se había venido administrando la educación de los colegios públicos, traspasándola desde los municipios al Estado.

Un plan que se espera implementar en un sexenio y que tiene como fin último desasociar la calidad de la enseñanza de los medios económicos de los municipios, lo que con el paso de tiempo se ha convertido en un importante factor de discriminación negativa, ya que un municipio de escasos recursos, difícilmente puede ofrecer a los profesores y estudiantes las mejores opciones para el desarrollo de un proyecto educativo de excelencia.

Según este proyecto, se crearán 67 Servicios Locales de Educación, para administrar los cerca de 5.500 establecimientos públicos que hay en el país, en los cuales estudian 1,3 millones de alumnos. Esas nuevas estructuras conforman un sistema enlazado con el Ministerio de Educación, sus directores serán seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública, para las debidas coordinaciones se crea una también Dirección de Educación Pública en el Ministerio de Educación, siendo este último organismo el que se entiende con los servicios locales de educación y propone, cada década, una estrategia nacional de educación pública.

Aunque se ha anunciado que habrá una implementación gradual de este proyecto, su enunciado y las diferentes estructuras por conformar llaman a la prudencia en el uso de los aceleradores. Si bien es cierto el Parlamento puede ser conminado a moverse al máximo de sus velocidades y hacer determinadas tareas en plazos breves, es más complejo que estructuras nuevas puedan ponerse inmediatamente en marcha, con satisfactoria eficiencia. 

Los objetivos son incuestionables, la creación de un nuevo sistema de educación pública a través de proyectos "socio educativos integrales, colaborativos, participativos, inclusivos, diversos, laicos y gratuitos", es lo que la mayoría de la ciudadanía estima como altamente deseable. Lo que por experiencia cuesta imaginar es cómo marchar al estado de régimen, sin tropiezo alguno, con todos los participantes en su sitio, actuando armoniosamente en equipo, en un puñado de meses.

Hay a lo menos tres aspectos generadores predecibles de ruido en la puesta en marcha. Desde su eventual aprobación y promulgación, esta ley pondrá de manifiesto si efectivamente todos los actores directamente involucrados tienen claridad sobre su mecánica; profesores, estudiantes, alcaldes y administradores municipales. El segundo tópico, de obvio y significativo impacto, es el financiamiento, cómo se distribuirán los fondos, quién asigna los presupuestos, en qué proporción y con qué criterios. Aunque hay bastante avanzado en ese ámbito, puede haber mucho espacio para la negociación por venir.

El tercer factor es la línea que separa la autonomía de la dependencia, con todas las renuencias observadas en el proceso de la descentralización. Iniciativa tendrá que enfrentarse con las polémicas de hasta dónde actúa el poder central, porque en el fondo la mayor dificultad es la inconfesada nula voluntad de hacer cesión de poder.


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