Proyectos precipitados para consecuencias imprevisibles

Fecha Publicación: 21/4/2016

El Mineduc ha tenido más de 200 reuniones durante el periodo de trabajo prelegislativo, sin realmente atender al hecho de haber trabajado sobre documentos incompletos, en redacción o al estado de borrador, lo cual abre nuevas polémicas en la medida que éstos sufren nuevas modificaciones.

 

Para el común de los ciudadanos debe ser necesariamente desconcertante la insistencia en enviar proyectos al Congreso en fechas determinadas, con insistencia, como si hubiera un pacto implícito entre actores que no aparecen en parte alguna, ya que si los hubiera se tendría evidencia de su existencia, en la forma de respaldos a los debates que sucesivamente prueban que hay más que numerosos puntos por resolver.

Sacar adelante las cosas a como dé lugar, como una muestra de voluntad, o de energía, o de un malentendido liderazgo, en el esquema que podría ser compatible con la disciplina de los partidos, pero difícilmente en armonía con el modo de actuar de la ciudadanía en su conjunto que, por lo general, prefiere opinar sobre asuntos que han sido expuestos con adecuada transparencia y claridad.

Esos plazos acotados tienen la notoria desventaja de su obligado cumplimiento, cambiarlos ante la evidencia concreta de insuficiente desarrollo de las iniciativas, es sin duda harto mejor que lanzarlas a un universo de incertidumbres con respecto a su final destino, lo que resulte de los estudios complementarios, de los debates propios de una argumentación a la cual no se prestó la atención debida, a la aparición de agentes y actores que no estaban adecuadamente al tanto.

Se puede tratar de cualquiera de la reformas que se encuentran en diversas fases de progreso, pero es particularmente agudo en la situación de la Reforma Educacional, respecto a la cual, un tanto a oídos sordos a las reservas efectuadas desde los más diversos sectores, el Ministerio de Educación anunció que busca cerrar el trabajo prelegislativo para entregarle la iniciativa a la Presidenta Bachelet a fin de mes.

Se supone, a lo menos debe estar entre los convencimientos del común de los ciudadanos, que en el debate sobre esta reforma en particular están fuertemente involucrados los rectores de las universidades, particularmente aquellas que tienen mucho andado, históricamente, en la formación de recuso humano del más alto nivel y que han pasado, como actores de primera fila, por los acontecimientos más críticos y complejos del devenir nacional, desde su propia esfera de influencia.

Por esa razón resulta desconcertante que el Consejo de Rectores se vea obligado a insistir: "es indispensable que el Gobierno nos dé a conocer la totalidad del proyecto de reforma. Aún no contamos con los antecedentes que nos permitan formarnos un juicio sobre los ejes del financiamiento", como una de las conclusiones de una sesión extraordinaria convocada hace pocos días, justamente para analizar el estado de avance de la iniciativa gubernamental, ad portas de ser enviada al poder legislativo. 

Por su parte el Mineduc ha señalado que ha tenido más de 200 reuniones durante el periodo de trabajo prelegislativo, sin realmente atender al hecho de haber trabajado sobre documentos incompletos, en redacción o al estado de borrador, lo cual abre nuevas polémicas en la medida que éstos sufren nuevas modificaciones.

La Reforma Educacional inquieta a legisladores, a los rectores, a los estudiantes, a los académicos y funcionarios, es lícito preguntarse a qué tanta prisa con tantas dudas, que sucede con la prudencia, la cautela para hacer las cosa bien, armónicamente, sobre todo cuando esta reforma es sentida como necesaria por la mayoría de los ciudadanos.


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