Planes más aterrizados para la productividad

Fecha Publicación: 7/4/2016

De algo no es necesario quejarse, no le falta al Gobierno renovadas novedades, no hay descanso para la continua aparición de nuevas iniciativas, a veces muchas y un tanto faltas de prolijidad, hay una sensación de que la generación de propuestas es indispensable para probar que se avanza, aunque el movimiento en sí solo y su velocidad, no están en relación directa con el progreso. 

En plena negociación de reformas, transcurridos ocho meses de trabajo, la Comisión Nacional de Productividad dio a conocer su primer informe, que entregó a la Presidenta Bachelet, en presencia de los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo.

No puede negarse la seriedad del trabajo, muy por el contrario, aunque resultan a lo menos sorprendentes, algunas de las recomendaciones del informe, sobre todo para cualquiera que haya tenido que desarrollar un proyecto, no importa cuán pequeño.

El documento contiene 21 recomendaciones que buscan mejorar la productividad del país, las cuales se encuentran descritas en dos ámbitos, siete son de carácter estructural y 14 son específicas, no del todo originales, ya que para esto de imaginar medidas el país tiene un abundante catálogo de buenas a excelentes ideas. Efectivamente, la Comisión recogió medidas que no fueron implementadas en agendas de productividad de los gobiernos anteriores, pero que siguen vigentes.

La observación obvia, por qué esas medidas que no resultaron antes van a ser efectivas ahora, recibe la débil explicación de que esta vez fueron trabajadas y respaldadas de manera unánime por todos los miembros de la instancia, que son de distintos espectros políticos y con experiencias profesionales diversas. Se agrega además la positiva circunstancia que las medidas propuestas no implican un mayor gasto fiscal y pueden empezar a implementarse este año, declaración que la ciudadanía reconoce como familiar y por eso mismo genera más que razonables dudas.

La primera recomendación, no precisamente inédita, es concordar una estrategia pro productividad a nivel nacional con enfoque en el largo plazo, para limitar las discontinuidades entre gobiernos. 

La segunda es sorprendente, porque se podría pensar que era de ese modo como se estaban haciendo las cosas y el expresarla, es una confesión rotunda que no era de ese modo. Se recomienda una evaluación anticipada de los probables efectos sobre la productividad de las iniciativas. Estas deberían definir indicadores y una línea base, que permita verificar y evaluar el impacto efectivo de los proyectos una vez implementados. Se indica que tienen que ir acompañados de su informe financiero, cuando la ciudadanía pudo haber entendido que todos los proyectos pasan por ese elemental cedazo y que no es necesaria una nueva ley, como se aconseja, para hacerlo obligatorio.

Se sugiere centralizar en una agencia independiente la coordinación del proceso de seguimiento, evaluación y medición de las principales medidas pro productividad que se implementen, lo cual llama la atención porque esos elementos son de rutina en la planificación de un proyecto, con indicadores de avance y cercano seguimiento, como una forma básica de asegurar su adecuada marcha.

Seguramente, habrá más de alguna explicación adicional, pero por lo pronto queda en evidencia que los protocolos para aprobar proyectos y para monitorear avances no están completamente en el ADN de las iniciativas estatales.


  Imprimir noticia   Descargar versión PDF