El desafío de las obligaciones de vivir en una sociedad

Fecha Publicación: 20/3/2016

Vivir en sociedad es un emprendimiento de complejidad extrema, de tan difícil ejecución que de haber alternativa hace mucho tiempo que se habría adoptado. Si se insiste en vivir así, es claramente porque las otras opciones son insostenibles o insoportables para seres humanos, en el fondo programadamente gregarios e, individualmente, vulnerables.

El precio del derecho a vivir en comunidad, pequeña o extensa, es el mutuo respeto y al acatamiento a las normas que se han elaborado de común acuerdo, con el paso de las generaciones y como resultado de cambios y evoluciones, el resultado siempre en revisión de un interminable juego de ajedrez con reglas y piezas cambiantes.

El logro de convivir, si se le quiere agregar el requisito de sostenible, tiene la demanda permanente de importantes cambios de actitud. En este contexto, el discurso preponderante, tanto en el ámbito político como social alude, indesmentiblemente, a los Derechos Fundamentales de las personas, de sus derechos económicos y sociales, así como de los derechos culturales, en lo individual y lo colectivo.

Se menciona cansinamente, cuando debiera ser ratificado de modo enfático, que no se trata solo de reclamar el cumplimiento de todos esos Derechos Fundamentales si no, también, a reconocer obligaciones de importancia que los ciudadanos debemos cumplir. Aún frente una visión paternalista de la administración como garante de los derechos y servicios, es preciso reconocer que las conquistas sociales en forma de derechos traen consigo obligaciones , igualmente demandantes y exigentes, que con tanta indignación como se reclama por las faltas de derechos o su incompleto cumplimiento, debiera observarse el incumplimiento de los deberes, no solamente a título teórico.

Este último aspecto requiere de una severa revisión y de una voluntad indesmentible de exigir su cumplimiento, la sociedad en su conjunto, las personas y el entorno ciudadano, se ha deteriorado severamente por dejar esta obligación fundamental en el olvido, por considerarla una suerte de gentil obsequio, en vez de compromiso obligado, de incumplimiento punible. 

Tenemos derecho, en función de la legislación, a vivir en un medio ambiente adecuado, lo que implica que nosotros mismos tenemos la obligación de no contaminar nuestro entorno, cuidar el mismo y educar en dichas prácticas a nuestros congéneres. Como en el caso de los derechos, estas obligaciones son nítidas en el plano teórico, pero su aplicación real depende de voluntades individuales y colectivas. A tal fin, los mecanismos coercitivos pasan por aquellas vías que la ley establece y que no pocas veces se omite hacer valer.

En ese ámbito está la destrucción y deterioro de bienes públicos, en la ciudad explica la basura ubicua, las rayas en los muros, el vandalismo del mobiliario urbano, a título de ejemplo; el edificio de los Tribunales de Justicia, la Plaza Perú, el paseo peatonal, la rambla, no es una relación subjetiva y quejosa, está allí para el que quiera molestarse en observarla.

Sería todo un cambio, que por una vez, se guardara la calculadora de lo políticamente correcto y se usara el justo instrumento de la ley, a quienes no terminan de comprender que los derechos fundamentales afectan de igual modo y solidariamente a todos, que si bien es cierto son exigibles, para tener el derecho moral a representarlos, hay que cumplir cabalmente con obligaciones igualmente fundamentales.


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