Responsabilidades que el Estado no puede delegar a los clubes

Fecha Publicación: 1/2/2016

Partió con polémica en el gobierno de Sebastián Piñera y la administración Bachelet lo heredó con muy pocos éxitos. Estadio Seguro, la forma en que el Estado "se hizo cargo" de los problemas de violencia en los recintos, generados principalmente por las barras de los equipos más populares, sigue en el debate.

En Bío Bío, después de una dilatada "marcha blanca", el plan tuvo un 2015 relativamente tranquilo. Para ello, eso sí, debieron aprender del modo duro, luego que hace justo un año, y tras no tomarse las medidas de prevención necesarias, casi un millar de barristas de la U. de Chile entró a la fuerza al Estadio CAP para el duelo ante Huachipato con el método del "reventón": esperar hasta el último minuto e ingresar en masa y a la fuerza, burlando todos los controles de seguridad.

Ese hecho fue el punto de inflexión, porque después vino la barra de Colo Colo y la coordinación permitió que los hechos ocurridos en las afueras del estadio generaran detenidos y procesados. A partir de esos incidentes, hubo una profundización importante en la coordinación entre los clubes, Carabineros, municipios y la Gobernación. Hubo un aprendizaje en la forma de venta de entradas y en un sistema de ingreso más efectivo. También tuvieron cierto éxito las medidas de control preventivo aplicados a hora de enfrentar los partidos de alta convocatoria.

Sin embargo, es evidente que en otras regiones no ha ocurrido lo mismo. El caso más lamentable fueron los incidentes protagonizados por barristas de Wanderers y Colo Colo en Valparaíso, que obligaron a suspender el partido, y que se han transformado en símbolo del fracaso del plan gubernamental. Es cierto que en general el plan está funcionando bien en Bío Bío, pero la pregunta de rigor es ¿hasta cuándo? ¿Va a depender su éxito de que no lleguen demasiados personajes con prontuario, que reconocidamente integran las barras más peligrosas de Chile? ¿Estamos preparados para afrontar una situación como la que dejó en vergüenza al Estadio Playa Ancha?

Hoy, los clubes están enfrentando otro coletazo de la -a estas alturas- conflictiva ley de Estadio Seguro: la obligación de mantener seguridad privada en todos los partidos, la que está provocando una verdadera sangría en los clubes medianos y pequeños. Ello porque el costo asociado a los honorarios de los guardias supera con creces el valor del arriendo de los estadios, incluso de algunos de los más caros, como el Ester Roa Rebolledo.

Pago elevado que por cierto frustra a los clubes, por cuanto la seguridad privada poco y nada puede hacer ante un decidido ataque de facciones organizadas de barras de clubes grandes, donde se ha podido comprobar la acción de verdaderos vándalos profesionales. Si los propios Carabineros, premunidos de escudos e implementos "anti motines" y entrenados para tal fin, no siempre logran sofocarlos, ¿se puede esperar que haga la diferencia un grupo de guardias privados, casi sin elementos de disuasión y sin preparación suficiente?

El problema de fondo de la ley es que funciona bajo una premisa equivocada: los clubes pueden hacerse cargo de la seguridad bajo un estándar de normalidad para cualquier espectáculo, pero no ante la acción de delincuentes. Eso, el Estado no lo puede delegarlo en privados. Mientras no se apliquen sanciones efectivas a los mal llamados hinchas, mientras no se controle de verdad a los que tienen órdenes de aprehensión pendientes de modo tal de que no puedan entrar a los estadios, sobre todo aquellos que han sido condenados por delitos violentos no necesariamente relacionados con el fútbol, esto no va a mejorar. Y eso no se le puede cargar a los clubes.


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