El rol del Estado para garantizar la seguridad y detener la violencia

Fecha Publicación: 31/1/2016

No resulta fácil hablar de acciones terroristas, cuando en medio se cruzan nociones válidas y justas, tales como el reconocimiento y la valoración estatal de las etnias originarias. Es más fácil hablar de robo de madera, de casos aislados, de delincuencia pura y dura. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja de lo que quisiéramos y, en la práctica, hoy están ocurriendo, casi todas las semanas, situaciones graves en la Región de la Araucanía y en la provincia de Arauco. 

Se trata de un tema particularmente incómodo y espinoso, que por sus tintes ideológicos, no resulta fácil de abordar. Lo cierto es que hoy, muchos habitantes en la zona en conflicto, no se sienten protegidos por el Estado, con sectores en el que definitivamente Carabineros no puede acceder, o donde sensatamente prefiere no hacerlo. Ello a pesar de las querellas del Gobierno, las investigaciones y procesos en curso, las visitas de autoridades y las promesas de mayor seguridad. El problema es que en el intertanto, han habido muertes, heridos graves y millones en pérdidas. Se ha resentido el turismo y se han atrasado proyectos para mejorar la calidad de vida de miles de personas que viven en la pobreza. Si estos hechos hubiesen ocurrido en Santiago o en su periferia, la reacción del Ejecutivo sin duda habría sido más rápida y efectiva.

Es importante recalcar que esto no sólo implica a la etnia mapuche. Hay muchos que claman por un reconocimiento efectivo de sus diferencias. Sin embargo, no hay que olvidar que existen otras personas involucradas, cuyos derechos son también legítimos. No podemos aceptar que se justifique el uso de la violencia para hacerse escuchar. No se trata de ser mapuche o antimapuche, o bien relativizar los Derechos Humanos, jugando a las equivalencias con los homicidios de una u otra parte. Cada ataque constituye un drama en particular para una familia. Se generan odios, cuya erradicación, una vez enquistados en un grupo humano, se hacen casi imposible de erradicar. Más aún, cuando se reclama por la defensa o la recuperación de lo que considera propio.

No importa si son rojos, azules, mapuches o chilenos. Son personas y como tales merecen que se persigan y se castiguen a los responsables de los delitos cometidos en su contra. Si esto no ocurre, el resultado es que las culpabilidades se generalizan, recayendo en grupos y no en individuos. Más aún, frente a hechos tan deleznables como son el quitarle la vida a otros por ser diferentes. 

Sea de donde venga, esto es racismo. Y si la conducta es sistemática, destinada a causar temor en un grupo de personas con el objeto de que abandonen lo que consideran sus predios en favor de otros, si esta violencia se ejecuta por medio de emboscadas o ataques incendiarios, si se obra encapuchados y armados, constituye terrorismo, lo que es siempre contrario a los Derechos Humanos. Podrá no gustarnos la Ley antiterrorista, pero mientras la misma no sea sustituida por otra, resulta ser la legislación que debe invocarse para estos casos. 

Ojalá que no exista un aprovechamiento político. Que estas acciones, como el quemar a dos personas, se asuma que constituyen delitos, cometidos no por activistas, sino que por delincuentes. Que sus autores no serán prisioneros "políticos" y que los resultados de las investigaciones policiales no se diga que son montajes. 

No se trata sólo de reprimir. Hay que prevenir y aprender a escuchar, para que esto nunca más ocurra. Esperemos que el sistema responda adecuadamente, de modo de evitar que las víctimas se vean empujadas a hacerse justicia "por mano propia" o deban recurrir a la autotela para defender lo que consideran son sus derechos legítimos. 

===== Editorial Destacado Principal ===== No podemos aceptar que se justifique el uso de la violencia para hacerse escuchar. No importa si son rojos, azules, mapuches o chilenos. Son personas y como tales merecen que se persiga y se castigue a los responsables de los delitos cometidos en su contra. Si esto no ocurre, el resultado es que las culpabilidades se generalizan, recayendo en grupos y no en individuos. 
 


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