La Ley y la trampa

Fecha Publicación: 26/1/2016

Para el ciudadano común y corriente, aquel que actúa bien, ya sea motu proprio, es decir, voluntariamente, de propia, libre y espontánea voluntad, o porque no quiere tener dificultades con nadie, resulta particularmente alarmante cómo los que debieran dar el ejemplo están continuamente en el ojo del huracán, en medio de nubes de sospechas y enredados en una interminable maraña de explicaciones, que resultan obsoletas a corto plazo, ante el surgimiento de nuevos antecedentes, de nuevos hilos de una enredada madeja creciente.

Como si hicieran falta agravantes, para el orgullo nacional, de la tradición posiblemente mítica, pero sostenida, de la elemental corrección de la clase gobernante chilena y de sus prohombres, en contraste con el cuadro patético de otras realidades, estas situaciones dudosas del actuar de nuestros políticos, traspasan los límites y fronteras y nos llegan datos inquietantes de una entidad extranjera, el informe Shearman- Sterling, que se refiere a la danza de millones para respaldar a los políticos de diversas tiendas, a unos cuantiosamente más que a otros, revelando una situación sospechada, pero oculta.

No es necesario ser ingenuo, es obvio que la política es cara, que las campañas requieren de muy fuertes apoyos financieros, pero las platas que circulan misteriosamente por debajo de la mesa dejan turbio el hecho que hay siempre una contraparte. Nunca el dinero se oferta graciosamente, hay detrás de la mano que ofrece otra que pide, el asunto es que no se sabe la naturaleza del petitorio, qué se ha comprado y qué se ha venido.

Como siempre, cuando las conciencias no bastan, cuando es notoria la fragilidad del hombre, es necesario recurrir a las leyes, establecer normas de comportamiento, explícitamente y, además, establecer penas para quienes actúen en sentido contrario. 

La necesidad de supervisar las buenas prácticas se basa en una cada vez más vulnerable concepción de la ética, una insuficiente separación entre el bien y el mal, razón por la cual están en permanente riesgo de ser vulneradas por quienes tienen la tendencia a buscar la trampa para burlar la ley.

Es inevitable enmarcar dos principios: transparencia y probidad, no como elementos separados sino mutuamente dependientes, para consolidar una cultura en la gestión pública y posicionar el control ciudadano como garante del cumplimiento de estos dos conceptos. Sin embargo, en un estudio del Consejo para la Transparencia, no entrega respuestas muy positivas al verificar la participación ciudadana en este sentido, se observa que la ciudadanía desconfía de la información entregada por los organismos públicos porque cree que es incompleta (25.2%), que ocultan información (28.9%) o que son poco claros o confusos (30.6%).

La conclusión es evidente, falta transparentar la transparencia, y al mismo tiempo avanzar en madurez política, en compromiso cívico, para hacer al ciudadano auténticamente partícipe en el esfuerzo común para hacer una patria mejor.


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