El deber irrenunciable del Estado de proteger a todos sus ciudadanos

Fecha Publicación: 10/1/2016

Se reitera, con más frecuencia de lo habitual, que en este país existe el Estado de derecho. Es decir, con instituciones que funcionan y con la proclamada igualdad ante la ley. Son frases emblemáticas, que al abusar en su repetición termina ocasionando una enorme duda, justamente donde no debiera haberlas, en esa indispensable condición de tener un sistema de leyes e instituciones en torno de una constitución, que obliga a todos.

La situación de la Araucanía, centenaria, con nueva agudización, ha puesto en jaque a la política nacional y a todas las instituciones y autoridades involucradas, y ha servido para poner a prueba la condición descrita, a tal grado que un colectivo de ciudadanos planteó la posibilidad de demandar al Estado.

La demanda se basa en la aparente incapacidad del gobierno para proteger los derechos de las personas, hostilizadas, agredidas y atacadas por grupos que no se termina de identificar. Reclaman la falta de protección, su cotidiana vulnerabilidad, una de sus representantes insiste en su derecho a ser protegidos; "porque somos ciudadanos, trabajamos y pagamos nuestros impuestos y por eso creemos que tenemos derecho a vivir en libertad y lejos de estos hechos de violencia".

No se trata de negar la historia, la justicia tiene que dilucidar los justos derechos de las partes, pero, para que ese proceso sea posible, los actores tiene que respetar las leyes del juego. Ni la justicia por propia mano, ni resolver los litigios mediante la ocupación, la amenaza o el indiscriminado uso de la fuerza. No es posible que un problema de esta índole se transforme en guerra de guerrillas, en territorios ocupados por quienes insisten en actuar al margen de la ley. No es posible que se actúe de esa manera y que el Estado lo permita, testigo inerme de actos delictivos.

La situación de la Araucanía no se soluciona de una buena vez por todas mediante un decisivo enfrentamiento, con el empleo masivo de las fuerzas policiales o las fuerzas armadas. No es esta una guerra interior, es una situación de insatisfacción, de deudas postergadas de pobreza, que debe ser debidamente atendida, aunque tome tiempo, con las partes debidamente representadas. Aquí también hay que poner mucho cuidado, ya que los verdaderos y más criteriosos representantes no suelen ser los más vocingleros.

Junto con la protección de las personas y sus bienes, con la firmeza necesaria, del mismo modo es necesario acercarlos los argumentos, la historia se repite, en los parlamentos del siglo XVIII, los representantes del Rey y las autoridades indígenas, oportunidad en la cual, como su nombre da a entender, se habla, rectamente, sinceramente, para encontrar acuerdos que permitan el imperio de la justicia y de la ley, mientras eso ocurra nadie puede actuar a su arbitrio.

La mantención del orden público, es irrenunciable para el Estado, aquí, bajo ningún concepto, le cabe adoptar un rol subsidiario. Si se vacila en aplicar las leyes, no valdría la pena el esfuerzo de crearlas. En este caso ha pasado demasiado tiempo, dando el espacio para que actores involucrados actúen por su propia cuenta, lo que es absolutamente indeseable y no hace otra cosa que aumentar la gravedad de la situación. 


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