Contienda desigual: Delincuentes armados vs. policías desprotegidos

Fecha Publicación: 20/12/2015

Por razones de conveniencia política, para no contribuir al clima de desconfianza que podría existir en la población, sería adecuado poner al nuevo mártir de la Policía de Investigaciones en una lista de honor y, a continuación, después de emitir algunos mensajes de buenas maneras, no volver a mencionar este doloroso acontecimiento, confiando en que acciones violentas de esta naturaleza tienen el más enérgico repudio de las autoridades y, precisamente, por esa causa no volverán a repetirse.

A finales de octubre de este año un funcionario de la policía murió durante un violento asalto a un minimarket en Victoria, se trataba de un subcomisario de la Brigada de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), quien se encontraba en el lugar cuando dos sujetos ingresaron al local -uno portando un cuchillo y el otro con una escopeta hechiza- quienes, ante la acción del inspector, que hirió a uno de ellos, le disparó en pleno rostro, provocándole la muerte.

Hace un par de días, ocurre el asesinato del subprefecto de la PDI, Franco Andrés Collao Ramírez, de 38 años de edad, quien recibió un disparo cuando intentó repeler el asalto a una juguetería, en el centro de Santiago.

El Gobierno reaccionó prontamente para condenar con energía este "tremendo y cruel asesinato", en términos de la Primera Mandataria, de un oficial que se encontraba de vacaciones y haciendo compras con su esposa, con un embarazo de seis meses y, aun así, en el intento encomiable de cumplimiento del deber, de dar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía, perdió la vida.

Hay que dar una severa mirada a las razones por las cuales la policía, la institución que está facultada para velar por la seguridad de los ciudadanos, está inhibida de usar sus armas para cumplir con su cometido y proteger la vida de sus funcionarios, no se ha expresado de ese modo, con la ya clásica distorsión hipócrita del eufemismo, no se le impide, se le instruye en la prudencia, se le restringe, enfatizado unilaterales criterios de Derechos Humanos.

Si un policía actúa decididamente, incluso en hechos como los relatados, corre el serio peligro de ser acusado de uso abusivo de la fuerza y llamado a retiro o destituido. En pocas palabras, en el intento de respetar los Derechos Humanos del delincuente, se trata de hacer justicia, con contemplaciones sociales, a costa de la sangre de los agentes de la ley, quienes trepidan en usar sus armas, o se limitan a herir, mientras los criminales, libres de tales escrúpulos, acaban con ellos, con efectos dramáticos para sus familias.

No es suficiente la presentación de querellas a quienes resulten responsables, las líricas declaraciones de hacer caer sobre los responsables toda la fuerza de la ley, el repetido y ritual ejercicio de comunicar que estas medidas decididas y terminales tienen como objetivo que estos hechos no vuelvan a ocurrir, porque la verdad es que los hechores, de ser habidos, tienen más garantías que los agentes de la ley, con el resultado neto de perderle a ésta todo respeto.

Si como fruto de las investigaciones los responsables son capturados, existe la clara posibilidad de encontrar los suficientes atenuantes para que se encuentren prontamente libres, los derechos del delincuente son vistos con más atención que los de las víctimas. El temor a aplicar la ley está, además de sacándole la venda de los ojos a la justicia, atándole las manos.


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