Tomar medidas reales para aclarar y combatir los casos de corrupción

Fecha Publicación: 17/8/2015

Se describe como peligro perder la capacidad de asombro frente al delito, o ante las malas prácticas, porque si esa capacidad se pierde, se aproxima la posibilidad que tales circunstancias sean consideradas normales, miradas con resentimiento, o con sarcasmo, pero sin que se activen las alarmas de justicia, un síntoma clarísimo y grave de sociedad enferma.

La corrupción y sus actores ha sido por largos meses el tema más recurrente, hasta un punto de natural y deseable indignación por parte de la ciudadanía. Por lo pronto, el informe de una comisión ad-hoc y los primeros debates parlamentarios como consecuencia, dan una señal que el país se encuentra en estado razonable de reacción, que es posible remediar esta situación intolerable. Sin embargo, las nuevas circunstancias obligan a reevaluar e diagnóstico, para saber cuál es en realidad la magnitud de las maniobras corruptas, si es esto todo lo que hay o todavía existen enclaves donde la corrupción procede en forma rutinaria, solo que por el momento oculta, en el closet.

La desaparición de varios millones de dólares por el uso de facturas adulteradas en compras ficticias de material bélico, al amparo del secreto de un fondo conformado según la llamada "ley reservada del cobre", ofrece una intranquilizadora señal. Los fondos desfalcados corresponden al Fondo reservado del Cobre, con el que cuentan las Fuerzas Armadas desde 1958, lo que corresponde al 10 % de las ventas brutas de Codelco, o sea el 10% del llamado sueldo de Chile .A esto se suma la investigación a miembros del escalafón judicial que, según un reciente documento de la Contraloría, estarían cobrando doble sueldo por contratos a honorarios posteriores a su ingreso a la institución, por montos superiores a U$12 mil mensuales.

La ciudadanía espera no solo transparencia, también prontitud. Si los hechos están claros, no debería tolerarse las usuales manobras de ocultamiento y dilación hasta que la mayoría de todo este bochornoso asunto quede en el olvido, sea opacado por el próximo escándalo, no es justamente la orgullosa idea colectiva de un país decente. Se espera las penas para los culpables, no la sola, retórica y olímpica aceptación de responsabilidades o el asumir las responsabilidades de este dolo, sin otras consecuencias.

Guardando las proporciones, en el texto "Historia de la Corrupción en el Perú", traducción de la obra que el autor autorizó poco antes de su muerte, el 2013 (Alfonzo Quiroz. Corrupt Circles: A History of Unbounded Graft in Perú, 2008) se estima que el costo de la corrupción fujimorista fue de 14,087 millones de dólares, aproximadamente el 50% del presupuesto anual y 4.5% del PIB en ese periodo. El Parlamento aprobó las inhabilitaciones y la justicia impuso condenas a más de cien políticos, militares y policías, entre ellos ministros, viceministros, congresistas, generales, periodistas y empresarios.

Por lo tanto, no es internacionalmente inédita la corrupción en las altas esferas de la administración del Estado y la sociedad,y la condena de sus responsables. Chile ha expresado siempre su vocación de país sano, confiable con instituciones a pleno funcionamiento. Es un buen momento para probar que es efectivamente así, que están las capacidades y la voluntad de ejercer lo que sus leyes dictan, de mostrar la igualdad ante la ley y hacer justicia, para los inocentes y los culpables.


  Imprimir noticia   Descargar versión PDF