La violencia en los estadios: un flagelo que siguen sin control

Fecha Publicación: 14/12/2015

Es casi un ejemplo de antología para probar que hecha la ley, hecha la trampa, el 9 de junio de este año, se promulgó en el Palacio de la Moneda, con la mise en scene correspondiente a los rituales republicanos- caros a las clases gobernantes- la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol Profesional.

Para los escépticos, la norma entró en vigencia antes del inicio la Copa América, para reemplazar el texto de la Ley Nº 19.327, más conocida como Ley de Violencia en los Estadios y, que como se declaró en la instancia, "asume no solo un nuevo nombre, sino también un nuevo rol en cómo entenderemos los espectáculos de fútbol profesional: instancias de derechos y deberes recíprocos entre quienes organizan y quienes asisten a disfrutar del llamado deporte rey". No se trata de haber redactado una frase con fines sarcásticos, sino que esa fue la intención de la ley y que contrasta a niveles patéticos con la realidad. 

"Estar promulgando esta ley es un hecho que a todos los que amamos el deporte nos llena de alegría. Esta ley apunta a que el fútbol profesional sea una fiesta social", manifestó el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien promulgó esta ley en su calidad de vicepresidente de la República, por si hubiera dudas declara convencidamente: "No sólo buscamos sancionar a los que se apartan del deporte, sino garantizar a las familias disfrutar sanamente".

Qué significado tiene toda una gruesa iniciativa, que ha pasado con las dificultades de rigor propias de una legislación cuidadosa, por todas las instancias que corresponde, si al final es como si no existiese, letra muerta para efectos prácticos. 

Están en la retina de la ciudadanía el espectáculo de barras bravas enfurecidas y armadas, atacando lo que se pusiera por delante. Peor aún, saber que tras algunas acciones nominales, todos los pocos hechores capturados hicieron una visita protocolar a los tribunales para salir de allí triunfadores y desafiantes, robustecidos en su brutalidad. De qué se trata, hasta qué punto se está de rodillas frente a la violencia, en que ha quedado la promesa de garantizar la sanción de culpables y el derecho de las familias a disfrutar sanamente.

Asumiendo un rol subsidiario, el Gobierno asume que la seguridad de estos espectáculos privados, son responsabilidad de los privados, guardias, por ejemplo, cuyas atribuciones, se supone, son menores que las de los carabineros, aún sabiendo que estos últimos apenas pueden utilizarlas sin riesgo para sus carreras. En ese marco, la extrema violencia en un hogar sería igualmente cosa privada y el Estado y sus representantes no tendrían nada que hacer en ese ámbito y, como en el far west, dejar la protección a las iniciativas particulares con sus predecibles altos riesgos y lamentables e irreversibles trágicas consecuencias.

Hay en esta circunstancia un insostenible mal entendido, la seguridad es un rol del Estado, independientemente donde se vea amenazada, los ciudadanos tienen el derecho a ser protegidos, de un vez por todas tendrá que terminarse este inexplicable temor a usar la legítima fuerza, con la fuerza y la implacabilidad que la justicia demanda. Es lo mismo, en estadios o campos del sur, ya es tiempo de poner la casa en orden y guardar la calculadora política para otros usos.


  Imprimir noticia   Descargar versión PDF