Debates de última hora en torno a la gratuidad

Fecha Publicación: 11/12/2015

La primera declaración que debe hacerse, enfáticamente, es que a la educación chilena hay que someterla a cambios profundos para asegurar su calidad, por una parte, la otra es que debe ser accesible a todos los ciudadanos como uno de los derechos constitucionales, de igualdad ante la ley, tanto como a las oportunidades.

En razón de lo anterior, las reformas propuestas por el Gobierno han sido acogidas positivamente por diversos organismos internacionales, vistas como líneas de acción deseables y de sentida necesidad, que en términos generales, apuntan a objetivos irreprochables.

El asunto pendiente, aunque a estas alturas es obvio que no debiera estarlo, es el modo. Cuando se está con los plazos agotados, cuando se trata de relojes más que de calendarios, hay todavía enormes dudas, que por supuesto han de tener los jóvenes chilenos y a sus familias en ascuas: qué será de ellos finalmente, y quienes estarán al final entre el colectivo de los elegidos.

Falta solamente un par de semanas, más precisamente los días que quedan hasta el martes 22, para que se dé por terminado el plazo para que las instituciones de educación superior que cumplen con los requisitos informen su adhesión a la gratuidad 2016, una agitada y polemizada política pública que espera favorecer a más de 200 mil jóvenes de los cinco deciles más pobres.

Se encuentran en la encrucijada los rectores, estudiantes y representantes del oficialismo y la oposición que, entre otros, plantearán sus argumentos antes que la entidad falle sobre la política que el Gobierno pretende implementar a través de la Ley de Presupuesto. Penden las decisiones de un factor agregado, el requerimiento que 31 diputados de Chile Vamos presentaron ante el Tribunal Constitucional para impugnar la medida, por considerar que discrimina arbitrariamente a estudiantes vulnerables y que su legislación, a través de la Ley de Presupuesto, fue incorrecta.

A lo mejor no hace falta agregar datos para comprender el grado de complejidad que ha alcanzado este delicado asunto, pero si lo evidencia que haya 19 organizaciones dispuestas a exponer antecedentes ante el Tribunal, en el marco de las audiencias públicas de revisión del requerimiento ingresado por parlamentarios de oposición.

La Reforma Educacional ya ha cobrado un ministro y vaya a saberse cuántos otros expertos por presentar como terminado y financiado un proyecto que se supone estaba atado y refinado hasta sus detalles más finos y que probó estar repleto de perforaciones y que a poco andar tuvo que entrar en negociaciones, enfrentando una realidad receptiva, pero cauta.

Se podría entender a los políticos, que de política saben, pero de la factibilidad real de los proyectos, poco. Lo políticamente correcto no siempre es lo que la realidad demuestra, muchas veces es exactamente lo contrario. Los que resultan imperdonables son los técnicos, los de la hoja de cálculos desprolija que obligaron al Gobierno a rehacer sus propuestas una y otra vez.

Se tiene que confiar que el fin último es deseable, justo y necesario, el atraso en su desarrollo se debe a las prisas, a las impaciencias y a la soberbia, sin saber utilizar las fuerzas sociales en forma positiva, más allá de la encendida proclama, la razón imbatible. Difícilmente escapará al elevado criterio de las autoridades que no es posible jugar con las esperanzas de la gente, que la palabra emitida es un compromiso al cual hay que dar cumplimiento dentro de los marcos democráticos de un país serio.


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