La peligrosa dictadura de los teóricos alejados de la práctica

Fecha Publicación: 30/11/2015

Sea de donde venga, el divorcio que se ha producido entre los que participan en la elaboración de ciertas políticas públicas y la realidad resulta ser notable.

Se dio en el vilipendiado último censo, donde un profesional teóricamente incuestionable no escuchó a quienes tenían la experiencia práctica.

Respecto de la educación, planes curriculares que responden a teorías gestadas detrás de los escritorios de individuos política y académicamente influyentes, pero que han pisado un par de veces una sala de clases (quizás). No toman en consideración realidades distintas, pretendiendo imponer un discurso que replica un modelo social.

En materia jurídica, se discuten modificaciones legislativas que no representan soluciones integrales a problemas estructurales. A modo ejemplar, la denominada "ley Emilia", responde a la muerte de una niña por la acción de un conductor ebrio. Esto podría abrir las puertas para discutir en conjunto un tratamiento más adecuado respecto de los delitos contra la vida. Sostener que por el sólo hecho de aumentar la penalidad en esta clase de ilícitos permitiría asegurar una privación efectiva de libertad del culpable constituye un error o una afirmación maliciosa realizada con otros fines (como aprovecharse de la tribuna que genera el dolor ajeno para sacar provechos políticos). 

No resulta explicable que el delito de infanticidio, esto es darle muerte a un niño de hasta 48 horas de vida, tenga una pena inferior que el homicidio de un adulto. No es posible que el homicidio simple tenga en su extremo inferior la misma pena de un delito de robo con intimidación o con fuerza en una casa habitación. No es posible que los delitos imprudentes contra la vida (los denominados cuasidelitos de homicidios) tengan una pena equivalente al del robo en un lugar no habitado. 

No resulta comprensible que los tribunales confieran con tanta laxitud una atenuante de responsabilidad penal, como la colaboración sustancial, lo que le puede permitir al imputado por estos delitos cometidos contra la vida de otro ser humano acceder tan fácilmente a cumplir con penas alternativas, que se encuentran establecidas en una ley (18.216) que es de 1983, y cuyo ámbito de aplicación se extendió durante este gobierno. No hemos sido ni siquiera capaces de resolver de manera adecuada delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. El axioma de la "justicia en la medida de lo posible" no parece terminar de convencer a la mayoría. 

Este es el inconveniente cuando se pretenden ejecutar "reformas" desde un escritorio, sobre reacción, con mucha teoría, pero con muy poca práctica. 

Es cierto que en Chile parece estar lleno de voces que parecen creer que con un cambio de ley o el endurecimiento de una pena, todos los problemas que aquejan a la sociedad tenderán a desaparecer. Pero al margen de esta visión cargada de ingenuidad (o de utilitarismo), no cabe duda que en muchas áreas se requieren, de manera más o menos urgente, ajustes legislativos. No está de más el consejo, a la hora de buscar mejorar las leyes, de encontrar mecanismos que permiten ponderar en su justa medida la experiencia comparada, la teoría y, por supuesto, la práctica de los que se verán directamente impactados por esa norma. (AC/FB)


  Imprimir noticia   Descargar versión PDF