El costo económico de la lucha contra la delincuencia

Fecha Publicación: 29/11/2015

Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe, es el nombre del informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que pone de manifiesto el costo económico de la lucha contra la delincuencia. Las cifras son de suyo significativas: el país destina 2,42% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se desprende de los datos recabados el 2010. Esto se traduce en 3 mil 889 millones de dólares al año, o cerca de 2,7 billones de pesos. En triste comparación con lo que invierte en Investigación y Desarrollo que corresponde a un 0.4%. O sea, en delincuencia se gasta seis veces más que en ciencia.

El tema de ciencia está sobre la mesa, va a ser seguramente objeto de arduas negociaciones. 

Pero el actual es la delincuencia escalando y el aumento de la percepción de la ciudadanía, de acuerdo a las encuestas, en cuanto al temor que se tiene de ser objeto de un delito. 

El informe aludido analiza diversos aspectos: gastos asociados en materia de salud, costos producto de la violencia intrafamiliar, montos destinados a prevenir delitos y cantidad de dinero que se gasta en procesos judiciales penales. 

Las políticas antidelincuencia implementadas, de acuerdo al subsecretario de Prevención de Delito, Antonio Frey, han mostrado avance en los últimos años, aunque su diagnóstico se refiere "más que un problema de recursos, es un problema de hacer bien el trabajo". A su parecer, la falla es multisistémica porque aún no se logra un trabajo coordinado y en equipo que involucre a la comunidad, las organizaciones sociales, a las policías y a los fiscales. 

El ciudadano corriente, el que está lejos de los considerandos expertos, responde elocuentemente y decide protegerse por su cuenta. Según el BID, el costo privado para "anticiparse" a la ocurrencia de un delito -o medidas preventivas del tipo cámaras de seguridad, alarmas, personal de seguridad- se alzó por sobre los 1.475,30 millones de dólares.

Hay otra suerte de delincuencia que resulta olvidada: la violencia intrafamiliar, que ha sido un delito de creciente preocupación en Chile, con costos que por lo general se desconocen. Aproximadamente, según el informe, 1.130 millones de dólares, por concepto de víctimas en casas de acogida e ingresos no percibidos.

Jorge Burgos, ministro del Interior, declara en relación a la delincuencia: "es un problema de Estado, aquí el fracaso no es sólo del Gobierno. Yo lo asumo, como Gobierno, Ministerio de Interior y Seguridad Pública". 

Pero es un fracaso también de las policías, de los fiscales, de los jueces. Nadie discute la complejidad del problema, sus raíces con factores socioeconómicos y culturales, con aceleradores ante la ineficacia, no para detectar culpables, lo que ocurre con mucha más frecuencia que la aplicación de la justa y dura mano de la ley. El fracaso de diversos gobiernos no debería servir de excusa, sino de estímulo para progresar en el control de esta situación, haciéndose cargo de la multiplicidad de sus agentes generadores. 

En términos más claros, usar mejor los ingentes recursos comprometidos en esta importante tarea social.


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