Una agenda que no se traduzca en amenaza a los derechos de aguas

Fecha Publicación: 11/11/2015

Tramita en el Congreso una propuesta enviada por el Ejecutivo que busca establecer cambios en el actual Código de Aguas. La propuesta establece que en periodos de crisis el Estado tenga las facultades para administrar temporalmente los recursos hídricos de zonas determinadas. En palabras simples, el proyecto de ente público busca entregar mayor capacidad de control, fiscalización y capacidad de regulación.

En este escenario, diversos actores económicos y representantes de la sociedad civil identificaron los principales problemas que traería consigo la Reforma, puesto que se amenazarían los derechos constitucionales del uso de las aguas. La mayor preocupación es que bajo la lógica de la propuesta del Gobierno, los derechos no consuntivos (permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla) ya otorgados quedarían vigentes, pero los agricultores no tendrían el dominio de éstos, sino que sería la Dirección General de Aguas la encargada de esa labor. Es decir, el gran cambio se traduce en que ser titular de un derecho de agua no significa dominio y eso le quita certeza a la permanencia del uso. Por tratarse de una materia discrecional -el otorgamiento del derecho de agua en el tiempo- los cambios no entregan la seguridad necesaria, por ejemplo, para realizar inversiones en el agro. En la práctica, los cambios propuestos tienden a generar incertidumbre, ya que generaría precariedad en la posesión del agua, pudiendo desincentivar el correcto desarrollo de un sector tan importante como es la agricultura de riego.

Pero la propuesta, además, retirar del centro de la discusión un factor decisivo en esa materia: la imperiosa necesidad de construcción de más embalses, porque el 80% del agua hoy se va al mar y no se puede embalsar por la falta de esta infraestructura. Por ende, la solución pasa por construir embalses y otras obras de almacenaje y conducción del agua, y mejorar la eficiencia mediante el riego tecnificado. Con políticas de inversión pública y mayor eficiencia de los privados, Chile debiera tener suficientes recursos hídricos para todos los usos. Estas inversiones incrementarían la producción de alimentos, generando negocios con un gran potencial económico y el consiguiente pago de impuestos al Estado.

Según los defensores de los cambios al Código de Aguas, lo que se está proponiendo es establecer prioridades y funciones del agua, de manera a incluir este recurso en todos sus estados, restringir los derechos bajo determinadas circunstancias, establecer normas específicas sobre las aguas ancestrales en territorio indígena.

Sea como sea, el asunto es de vital importancia para el país, y especialmente para la Región del Bío Bío, que cuenta con el recurso para consumo humano e industrial. Pero a pesar de contar con mayores porcentajes de agua para su uso, en la Región se han producido una serie de conflictos asociados al otorgamiento de derechos, tanto consuntivos (que permite el consumo total del agua) como no consuntivos (permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla). 

Por ser de gran relevancia, el asunto debe figurar en la agenda pública y privada. A lo menos, para que el debate no esté centrado solamente en los problemas que generaría sobre la propiedad la reformulación del Código.


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