Un asunto prioritario en las convulsionadas aguas de la pesca

Fecha Publicación: 12/8/2015

En su oportunidad, con la mediación de algunos parlamentarios locales, se consiguió el más bien dudoso acuerdo de postergar la obligatoriedad de tener sistemas de rastreamiento satelital en las embarcaciones pesqueras, aludiendo al relativamente menos relevante de los factores: el financiamiento. 

La seguridad de los pescadores, la posibilidad de saber en qué sitio está cada nave, el control de las actividades para que estas se desarrollen de acuerdo a lo establecido, el respeto a las zonas y en el cuidado de las especies explotables, pareció, en comparación, de muy pequeña magnitud.

Como consecuencia del éxito de la negociación, es decir, no innovar, hubo varias declaraciones triunfalistas, en la espera de apoyo expresables en votos valiosos cuando hiciera falta, tras lo cual, todo siguió como estaba, hasta la próxima oportunidad.

En las últimas novedades sobre Sernapesca, se vuelve sobre el asunto de las ilegalidades, con nuevos antecedentes, que en realidad no tienen nada de nuevo, salvo el esperable resultado que al eliminar o inhibir los controles, los desconocidos de siempre operan con perfecto desprecio a los derechos de los demás y, peor aún, actuando en contra de la sustentabilidad de un recurso que les permite ganarse el pan de cada día.

A finales del año pasado, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), declaraban que era necesario establecer un sistema de fiscalización "efectivo y completo sobre este tema", lo cual es una prueba palpable que aun siendo este problema bastante antiguo, a esa tardía fecha todavía era plenamente vigente, más todavía, se indicaba que los principales focos de extracción ilegal estaban en las regiones de O’Higgins y del Maule.

A inicios del presente año, en el seno del Comité Interinstitucional de Fiscalización Pesquera (Cofi), se abordó el conflicto que se había derivado del cierre de la cuota de Merluza en la Región del Maule, el que había resultado en agresiones a funcionarios y en la destrucción de la oficina de Sernapesca en Constitución en diciembre pasado, dejando de relieve que esta situación sobrepasa los diálogos y que la extracción del recurso pesquero, de no ser por medidas estrictas e inamovibles, seguirá siendo irracional, mientras no exista un horizonte diferente para quienes se dedican a esta actividad. 

En esa oportunidad se solicitó una mayor coordinación con las policías y la Autoridad Marítima, para prevenir hechos similares que atenten contra la seguridad de los funcionarios públicos y debiliten la gobernabilidad sectorial, declaración que por repetida experiencia no tiene otro valor que el retórico y de buenas maneras.

Un dirigente sindical porteño relata que las cuotas bajas han desatado "una piratería tremenda". Según los datos de estos pescadores artesanales, la cifra real de captura de merluza puede ser "incluso cuatro veces mayor que la establecida en la cuota, llegando a cerca de 80.000 toneladas".

Sean estas cifras enteramente exactas o no, es evidente que no ha sido posible normar adecuadamente el uso del recurso pesca. Puede ser que no sean estas conductas exclusivas de nuestra resignada idiosincrasia, o nuestra esmirriada cultura, pero de lo que si hay que estar cierto, es que las medidas de control tienen que aplicarse, que los instrumentos necesarios han de ser provistos, no importa la falsa compasión o los cálculos políticos de corto plazo, hay valores superiores que preservar, por sobre las ocasiones, no importa cuán calvas.


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