La necesidad de rendición de cuentas en la gestión del Estado

Fecha Publicación: 24/10/2015

La Región no puede desentenderse de los efectos probables de las reformas en el área de la Educación, sencillamente porque tiene mucho compromiso con esa actividad, de tal modo que su población experimenta cambios profundos en tiempos de actividad académica, más de cien mil personas se movilizan para ese solo efecto, y el impacto que esto tiene para el perfil socioeconómico y cultural regional es difícil de estimar, pero ignorarlo es todavía más difícil. 

Lamentablemente, el gran debate sobre la calidad de la Educación, de la igualdad de oportunidades, de la integración, entre otros asuntos de innegable prioridad, han sido remotamente desplazados ante el solo problema acuciante; la gratuidad, cómo y a quiénes, en un debate de muchos interlocutores que se prestan mutuamente atención insuficiente, un juego de tira y afloja que no tiene visos de terminar, con novedades periódicas y nuevas razones para la incerteza.

Como si fuera poco, hay otro factor que ha estado un tanto en el fondo de la cuestión, aquel de las confianzas, en el valor de la palabra dada, en la realidad de las letras chicas, en la sinceridad de las propuestas, o por último, en la capacidad de los órganos del Estado para usar los recursos adecuadamente, sin pensar que pudieran ser empleados discrecionalmente o con fines otros a los puramente educativos. 

Han surgido evidencias que mueven al resguardo y que seguramente tendrán que ser debidamente consideradas al momento de empezar a abrir las billeteras, se trata de la auditoría efectuadas por la Dirección de Presupuesto, en la Línea Evaluación de Programas Gubernamentales, en la cual se describe Programas Evaluados con Desempeño Insuficiente.

En esta condición se alude a cuatro programas del Ministerio de Educación; el primero denominado Fomento a la Calidad de la Formación Inicial Docente, cuya labor en la creación y diseño de los estándares y orientaciones, no ha sido acompañada de monitoreo y supervisión de la utilización de éstos por parte de las Instituciones de Educación Superior, como así mismo el empleo deficitario de la prueba Inicia sin conocer en qué medida éstas la utilizan, ya que sólo fue rendida por el 15% de los titulados.

Otro tanto sucede con Jardines Infantiles de la Junji (Junta Nacional de Jardines Infantiles) con una notable subutilización de la capacidad instalada, ya que la asistencia promedio mensual del periodo no supera el 76% de la capacidad, ni siquiera en los meses de mayor concurrencia. El 72% de los niños entre 0-4 años no asiste, dado que las madres, no importando su nivel de ingreso, prefieren no enviar a sus hijos a un centro educacional, especialmente a nivel sala cuna.

Otro programa; Beca de Apoyo y Retención Escolar (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), no logra resultados significativos en permanencia de los estudiantes en el sistema escolar, apenas un 20% de los beneficiarios de la beca en 1° medio logró egresar cuatro años después de enseñanza media, posiblemente por no incorporar la promoción como parte de los requisitos para acceder al beneficio.

De la misma manera, la falta de un sistema de seguimiento y monitoreo no permite hacer una medición concreta de la infraestructura construida o reparada a partir de los recursos del importante Programa de Infraestructura Escolar. 

Si se piensa en ingentes recursos para la desmunicipalización y gratuidad, queda un amplio margen de duda en cuanto a la capacidad estatal para el control adecuado de su utilización.


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