Peligrosas confusiones en sujetos de protección

Fecha Publicación: 21/10/2015

Cada vez es más evidente quiénes gozan de la protección del Estado y quiénes están bajo rigurosa vigilancia y tratados en consecuencia, y cuando parece corresponder con toda la dureza que la ley permite. Protegidos resultan quienes delinquen, los provocadores de violencia, aquellos que dejan las ciudades con muestras severas de vandalismo, después de jornadas que se suponen están dirigidas a recuperar derechos perdidos o a corregir inequidades.

Ante estos últimos la ley parece ser especialmente cuidadosa, con prontitud se enarbolan baterías completas de atenuantes, empezando por el ritual enunciado de la intachable conducta anterior, a pesar de evidencia repetida que tal grado de pureza enmascara un largo registro de acciones punibles y olvidadas convenientemente por falta de pruebas contundentes.

Se hace rápida y piadosa alusión a los Derechos Humanos, a la democracia, como contraste a los métodos represivos, a la injusticia y al trato discriminatorio, de otros tiempos, felizmente superados. Si alguno de los hechores es llevado a tribunales, lo que parece ser una conducta moralmente reprobable, es prontamente puesto en libertad.

En los últimos meses se ha observado un aumento intolerable de las acciones violentas de los delincuentes, quemar personas, golpear ancianos o mujeres, cualquier cosa es posible dentro del amplio repertorio de brutalidad si lo que interesa es el botín, una delincuencial versión del fin justifica los medios.

Es difícil aceptar que las cosas ocurran, que haya una respuesta de protocolar consternación y pronto olvido, por ejemplo, de entre muchos similares, el subsecretario del Interior Mahmoud Aleuy informó que el Gobierno presentará una querella por homicidio calificado en contra de los delincuentes responsables de haber encendido fuego en el cuerpo de un cajero, tras resistirse a un asalto.

Al mismo tiempo la autoridad reconoció el aumento de forma sustantiva de la violencia en los hechos delictuales, con perfecta tranquilidad de espíritu declara "como país no tenemos una explicación a éste fenómeno". Una declaración alarmante porque se supone que esa es precisamente su tarea, saber, y actuar en consecuencia.

En contraste con tamaña inhabilidad está la agilidad y eficiencia, la rigidez y el duro castigo a los ciudadanos decentes que por algún motivo deben imposiciones, o se atrasan en el pago de sus impuestos, no los timadores expertos, sino el hombre de la calle, a ese no hay quien le socorra, la dura lex sed lex le será aplicada con implacable rigor, más costas y cargos.

Frustra ver a los delincuentes libres, mientras que a un emprendedor que se equivoca en una declaración de impuestos o tiene un mal día con los fiscalizadores de Salud, le caen las penas del infierno. Que no extrañen en este contexto las acciones de espontánea "justicia popular", con verdaderos linchamientos a delincuentes y castigándolos o humillándolos en plena vía pública.

Es un síntoma preocupante, perder la confianza en la ley y pensar que es mejor reemplazar a los agentes que la ley designa, a la vista de su ineficacia, por grupos de ciudadanos justicieros, a la brasileña, escuadrones vengativos y anónimos de personas hastiadas de verse agredidos sin defensa por parte de quienes debieran garantizarles la tranquilidad y el cuidado de sus bienes, por no mencionar la integridad física o aún la vida.

El tiempo de la retórica está agotado, las señales que el Gobierno está dispuesto a reaccionar son más necesarias que nunca.


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