En búsqueda del ejercicio ético de la política nacional

Fecha Publicación: 13/10/2015

En medio de la madre de todas las batallas, como podría ser la Reforma Educacional que comparte prioridades, aunque en tiempos diferentes, con la Reforma a la Constitución, muchos otros tópicos han quedado en las zonas sombrías de los temas postergados, si no dejados de lado, con evidente estado de tránsito, parecido a la moratoria, lo que resultaría intolerable. Por eso es que de vez en cuando se dan señales de vigencia, un poco anémica, pero indicativa que no han sido sacadas definitivamente de la hoja de ruta.

La controversia sobre la eventual inhabilitación de senadores en votación de Fiscal General, ha puesto de relieve la fragilidad de valores éticos o, por otra parte, la endeble definición de lo que se estima como correcto, más allá de lo que la ley explícitamente señala, ya que ahí no hay ética ni nada parecido, es como debe ser y nada más, ni nada menos. Es en las materias opinables donde se nota la posibilidad de diferentes conceptos de decencia.

Por insistir en una de esas tareas de lento desarrollo, se puede aludir a una muy atingente al asunto en cuestión, que a principios del año permitía anunciar la constitución formal de la Comisión del Senado sobre Probidad y Transparencia. Eligiendo como presidente al senador Ignacio Walker, quien declara; "vamos a dar no solo las garantías. Vamos hacer un trabajo en el Senado que pueda incorporar a las instituciones a la sociedad civil con miras a legislar, para crear una nueva institucionalidad sobre probidad y transparencia".

Se trata de lograr una nueva institucionalidad, sobre estos importantes asuntos, probidad y transparencia, en tres ámbitos: la ética de los negocios, la relación entre el dinero y la política, y la relación entre lo público y lo privado, más otro aspecto que seguramente ayuda a explicar las aparentemente incompresibles demoras en la tramitación, la prohibición a reelección de manera indefinida en cargos de representación popular.

No hay todavía humo blanco en esta iniciativa, a pesar que la comisión aludida observa que "se muestran fallas graves en las exigencias, de probidad y honestidad que se exige en el servicio público (…)". Muestra de esta situación es la polémica por la inhabilitación; se ha escogido como argumentación a la misma ley "del plano estrictamente jurídico no hay inhabilidad. Del punto de interpretaciones no es fácil", reconoció la presidenta del PS, Isabel Allende, aunque algunos de sus colegas aconsejan a quienes están vinculados a investigaciones que no participen en elegir a su eventual investigador.

Faltan pocos días para que la Presidenta Michelle Bachelet designe a quien postulará a dirigir el Ministerio Público, designación que el Senado deberá ratificar por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio, de ahí que cada voto más o menos sea tan importante, pero cada voto que tenga una sombra de intencionalidad, cada votante que tenga techo vidrioso, arrojará dudas sobre la rectitud del procedimiento.

En estricto sentido, todo puede ser legal, pero no quiere decir que sea al mismo tiempo legítimo, lo legal es cosa del legislativo, lo legítimo está en el elusivo territorio de la ética. Hay discusiones varias, a lo mejor calculadora en mano, sobre criterios en esta particular situación, ingrata, polémica y movilizadora de opiniones de desconfianza. Todo sería infinitamente más fácil si preexistiera un elevado concepto de lo que es presentable y correcto, o a falta de lo anterior, un manual que lo deje perfectamente claro.


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