La eventualidad de la justicia dispareja

Fecha Publicación: 14/1/2017

Se entiende como seguridad la exención de peligro o daño, un concepto que tiene interminables interpretaciones de orden social, político o económico, pero que es en este particular momento de la sociedad chilena, se asocia inmediatamente a la seguridad ciudadana frente a la delincuencia y la percepción creciente de su falta, de la impunidad de quienes delinquen y la falta de protección al ciudadano víctima de los hechos delictuales y sus protagonistas.

Por eso la falta de seguridad percibida por la ciudadanía está en la primera prioridad de los problemas no resueltos por el gobierno, a pesar de las declaraciones de compromiso por las últimas administraciones. Las encuestas continúan mostrando revelan que los chilenos no están satisfechos con la tarea del Estado en protegerles, en el cumplimiento con un deber establecido por la Constitución, cuyo artículo primero obliga a "dar protección a la población y a la familia". 

La seguridad es la base principal para el desarrollo de la sociedad en pequeños y grandes colectivos, si el Estado no es capaz, o el gobierno de turno carece de las herramientas, o de las intenciones, entonces se corre el riesgo que esa necesidad fundamental sea provista por otros, en la forma de servicios especializados, o por civiles organizados para actuar en reemplazo de las fuerzas del orden que no parecen estar disponibles, con el enorme riesgo de la acción desproporcionada o injusta, la desmesura y la violencia, la clásica descripción de pueblos sin ley.

Se agrega a este complejo escenario la gran diferencia entre las tasas de denuncia y las de victimización. Por más que se describa por parte de las autoridades estadísticas tranquilizadoras con respecto al número de delitos o el éxito de determinados dispositivos para controlarlos o disminuirlos, las cifras de victimización permanecen o aumentan. Es posible atribuir este fenómeno a la falta de confianza de la ciudadanía en la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado para perseguir, procesar y sancionar a los delincuentes.

Ante el hecho alarmante que el 83% de causas archivadas y que desde hace más de dos años, por cada mil robos a casas, terminaban presos solo tres delincuentes, dos comunas de la capital han contratado abogados privados que se hacen parte de los juicios para exigir diligencias, recabar información y finalmente procesar a las bandas que producen la mayor parte de los robos, se ha conseguido aumentar las condenas a los delincuentes, se informa de datos calificados como auspiciosos: en la segunda mitad de 2016, se ha formalizado a 52 detenidos y se ha condenado a seis delincuentes, algunos con más de cinco años de cárcel.

La consecuencia puede ser que los delincuentes migren a otras comunas que no puedan financiar este tipo de asesoría, estableciendo de paso aún otra forma de segregación, por barrios o sectores donde los ladrones sientan mayores grados de impunidad, al no existir instancias que intervengan para hacer más eficiente la acción de la justicia. Un consejal de una de esas comunas opina, en carta publicada por un medio capitalino, que la sociedad se merece que los fiscales y las policías investiguen y resuelvan estos delitos, ya que de lo contrario solo los municipios más ricos podrán asegurar que la justicia actúe como debiera ser en toda instancia, la posibilidad inaceptable que ésta no sea igual para todos.


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