Responsabilidad política de los gobiernos y de los representantes

Fecha Publicación: 22/9/2015

Las circunstancias vividas en los últimos años en varios países de Europa, por las crisis sociales debidas a restricciones de naturaleza económica, sumadas a unas mayor cultura política y al mayor acceso a la información, han resultado en aumentadas sensibilidades, se ha alcanzado un punto de no retorno que prontamente se expandió hacia otras latitudes, la pérdida de confianza, el derribamiento del prestigio de instituciones y personas con las cuales se había establecido una implícita base fundamental de fe y credibilidad. La ahora ingenua creencia en lo impoluto de la más alta autoridad y su referencial decencia.

Ante la dolorosa verificación que hay todavía mucho que encontrar debajo de las alfombras, hay lesionados, evidentemente aquellos libres de pecado que se ven envueltos, muy a su pesar, en la necesidad de probar que son inocentes, mientras a todos los demás se les aparece, con progresiva mayor intensidad la necesidad de asumir sus responsabilidades políticas, un asunto que pareció un mero trámite, algo así como una declaración más bien olímpica de asumir su responsabilidad, con la adecuada cara de arrepentimiento, lo cual pudo haber sido suficiente, pero en otro tiempo, ante el actual estado de consciencia de la ciudadanía, hay algunos otros pasos necesarios.

En esa dirección es el nutrido ensayo "La responsabilidad política del gobierno" del español Manuel Sánchez de Dios, de Universidad Complutense de Madrid, movido por los notorios y gruesos escándalos de corrupción y robo de caudales públicos por personeros egregios de la política de su país, recuerda que el control del poder es fundamental en los sistemas democráticos y que la base de estos últimos descansa en la responsabilidad política de los gobernantes.

Una forma clásica de control del poder, es la división de los poderes del Estado, pero además, ante la evolución de la sociedad y sus demandas, es necesaria una nueva reflexión sobre la responsabilidad política de las autoridades, para alcanzar "una democracia de calidad", una democracia en la que impere el poder de la ley, en la que se puede sancionar las prácticas corruptas y en la que la representatividad y responsabilidad democráticas sean realmente efectivas. 

El concepto nominal de responsabilidad política, identificar quien o quienes son los responsables, es un acto vacío si no va acompañado de sus consecuencias, de la relación que hay entre responsabilidad y sanción. Tanto las instituciones como las personas que las integran son necesarias en una democracia, pero tienen que ser responsables de sus actos, porque de otra forma podrían actuar no en provecho del interés público, sino en el propio.

Frente a la superficial y aséptica declaración de personeros nacionales asumiendo responsabilidad, gratuitamente y sin aparente cargo de conciencia, más bien con un aire de íntegra honestidad republicana, es preciso establecer que no basta con un mea culpa de una acción errónea o dolosa que representa daño para el Estado o el bien común. Por el contrario, deben existir sanciones efectivas y proporcionales a la gravedad de la falta. 

Las penas a los responsables deben ser proporcionales a los perjuicios, más que un mero gesto protocolar y fútil de buenas maneras, que deja abierta la puerta para nuevas acciones de similar naturaleza, total bastaría con arrepentirse.


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